El Plan de Lucha contra la Precariedad Laboral de las Islas Baleares ha permitido, en su sexta edición, mejorar las condiciones laborales de 99 personas trabajadoras de Formentera. Gracias a la actuación de 2 inspectores del Cuerpo de Inspección de Trabajo y Seguridad Social que durante julio y agosto han desarrollado la campaña, los afectados han visto sus contratos temporales convertidos a indefinidos, sus jornadas ampliadas o han sido dados de alta con contratos indefinidos.
De las 99 personas trabajadoras beneficiadas del Plan de Lucha en Formentera, 73 se han visto directamente beneficiadas por los efectos del plan de lucha, mientras que 26 personas se suman por los efectos inducidos del plan, en materia de parcialidad y tiempo de trabajo, factores en los que la Reforma Laboral no incide de forma directa y que, por lo tanto, se deben considerar efectos indirectos del plan.
Entre julio y agosto de este año se han visitado 81 empresas en Formentera. Fruto de estas actuaciones se han revisado 84 contratos parciales, permitiendo el alargamiento de 27 contratos a tiempo parcial que escondían jornadas superiores.
Con respecto a la temporalidad, se han revisado 40 contratos, de los que se han producido 38 transformaciones a contratos indefinidos.
Finalmente, fruto de la actividad inspectora se han tramitado en Formentera 8 altas de afiliación de personas que estaban trabajando en economía sumergida.
Control de jornada Islas Baleares
Este año se ha incidido también en el control de jornada, por lo que se ha detectado que casi 500 personas se encontraban en fraude por su jornada laboral. Esta actuación, de la que sólo se dispone del dato balear, es el resultado de investigar a 448 empresas en el conjunto de las Islas, de entre las que se han resuelto 124 con propuesta de sanción, por un importe de 113.318 euros, un 20% del total de propuesta de sanción derivada del Plan.
Como resultado de toda la actividad inspectora del verano, se han iniciado 234 expedientes sancionadores (más del doble que los 93 expedientes de 2019), con una propuesta de multas que ascienden a más de 576.000 euros.
