El Govern de las Islas Baleares presenta la nueva ley autonómica de turismo, que supondrá una inversión pública de 55 millones de euros y un cambio substancial hacia el modelo turístico del futuro: un modelo responsable laboral y medioambientalmente.
La presidenta Francina Armengol ha detallado los ejes de esta normativa líder en el Estado en un acto en Madrid al que han acudido un centenar de personas, entre ellas la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; los líderes estatales de los sindicatos CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, así como los principales representantes del sector turístico de las islas.
El nuevo marco legal se ha desarrollado con el objetivo de que las Islas Baleares puedan seguir liderando el turismo gracias a toda una serie de transformaciones que lleven el destino a ser plenamente sostenible y circular.
La norma, tal y como ha destacado Armengol, permitirá que las islas lideren este proceso en torno a una sostenibilidad entendida en una triple vertiente: social, económica y medioambiental. Por eso, el nuevo marco legal recoge toda una serie de medidas que permitirán un crecimiento económico más inclusivo y más sostenible, una mejora de la convivencia entre trabajadores, residentes y turistas, un uso más eficiente de los recursos, así como un nuevo impulso a la colaboración público-privada, tal y como marca la gestión de los fondos europeos. Todo esto para conseguir que las Islas Baleares se conviertan en un destino pensado no sólo para los turistas, sino también para residentes y trabajadores del sector.
Armengol ha defendido esta «estrategia ambiciosa» para «convertir al sector turístico en motor de impactos positivos en toda la sociedad», que permitirá a las islas ser «más sostenibles en el ámbito social y en el ecológico». La presidenta ha explicado que la colaboración con el sector, primero interesado en continuar a la vanguardia mundial en la innovación turística, permitirá avanzar en “una transformación que lleva tiempo en marcha” y que supondrá “no volver a 2019, sino llegar a un mejor punto en todos los aspectos: en calidad del empleo, en salarios, en oportunidades para los emprendedores, en negocio, en sostenibilidad ambiental y social, en competitividad, en igualdad y derechos”.
Contenidos de la normativa
Esta ley considera, como ha explicado Armengol, el turismo “como una herramienta que debe impactar de forma positiva en toda la sociedad”, un planteamiento que generará soluciones “capaces de mejorar a la vez la experiencia del turista, la calidad de vida de los residentes y las condiciones laborales de los trabajadores” y que permitirá que “el turismo que nos convirtió en referencia mundial de negocio y en paraíso soñado para el ocio, nos lleve ahora a liderar la regeneración ambiental y el progreso social”.
En este sentido, la norma prevé aumentar la protección en las camareras de pisos, un colectivo muy afectado por la siniestralidad laboral. De este modo, desde el año 2023, los hoteles de las islas tendrán que instalar camas elevables (mecánicas o eléctricas) para facilitar su trabajo, una medida que implica renovar 300.000 camas y de la que se beneficiarán más de 20.000 camareras de pisos. Cabe recordar que el 35% de los accidentes laborales que sufre este colectivo están relacionados con los sobreesfuerzos.
Al mismo tiempo, la norma apuesta por una economía circular en el sector, por lo que se exigirá a todas las empresas que tengan un plan de circularidad, lo que convertirá a las Islas Baleares en un destino líder a la hora de normativizar esta cuestión, adecuando al mismo tiempo la normativa turística a los objetivos de dos leyes autonómicas, la de cambio climático y la de residuos.
En esta línea, la circularidad incluirá aspectos como la alimentación, el uso y cuidado del agua, los residuos o las energías limpias. Entre las directrices que establecerá en torno a estas cuestiones, en el ámbito de la alimentación se prohibirá la utilización de especies clasificadas en categorías amenazadas y se establecerá como obligatoria la trazabilidad del pescado y del marisco de origen balear.
Con respecto a la energía, se obligará a los establecimientos turísticos a cambiar las calderas de fuel por otras de gas natural o eléctricas, con lo que se emitirán anualmente 57.600 kilos de CO2 menos por establecimiento.
Dentro del ámbito del agua, la norma establece la obligatoriedad de instalar sistemas de doble pulsador en las cisternas de los WC en los hoteles, así como de dispositivos de ahorro de agua en grifos de lavabos, bañeras y duchas. También se potenciará el aprovechamiento de las aguas pluviales, lo que será un factor a tener en cuenta en la mejora de la clasificación del establecimiento, y los alojamientos turísticos tendrán que medir el consumo de agua.
Por último, en cuestión de residuos, la norma prohibirá el uso de los artículos de gentileza (amenities) desechables. Al mismo tiempo, los hoteles tendrán que sustituir el uso de papel por códigos QR y también estarán obligados a medir el consumo de residuos. Además, los establecimientos tendrán que controlar las temperaturas de los edificios de manera integral, también en las zonas reservadas al personal, especialmente en las cocinas.
La norma recoge también otras medidas, como una modificación completa en los baremos que servirán para establecer la clasificación hotelera, entre los que se incluyen incrementos de la puntuación a medidas de circularidad, como el uso de energías renovables o sistemas de optimización de consumo de energía.
