El pleno ordinario del mes de junio celebrado hoy en el Consell de Formentera ha aprobado por unanimidad instar a las compañías de suministro energético que operen en la isla a garantizar que las instalaciones particulares, tanto nuevas como existentes, puedan verter los excedentes de producción en red, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos que marca la ley.
Sobre este punto, el conseller de Medio Ambiente, Antonio J. Sanz, ha señalado que «hay que hacer una democratización de la energía ya que en Formentera las instalaciones existentes como las de nueva puesta en marcha se encuentran con problemas e indisposiciones para poder realizar estos vertidos en la red que pueden hacer disminuir la demanda de energía en la central de Ca Mari». El conseller ha recordado que esta medida cumple con varios de los Objetivos para el desarrollo sostenible.
Otra propuesta que contó con la unanimidad plenaria ha sido la relativa a aprobar de forma definitiva la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la intervención de la administración en la instalación, acceso y ejercicio de actividades y para autorizaciones temporales de establecimientos. El conseller de Territorio, Rafael González, ha recordado que el mes de marzo se aprobó inicialmente esta Ordenanza que no ha recibido alegaciones por lo que las tasas de inicio de actividades hasta final de año estarán bonificadas en un 50% y, con respecto a la tasa de cambio de titular y modificaciones simples, se reducirá en un 83,3%, pasando de pagar 1.200 a 200 euros, «con el objetivo de reactivar la actividad económica».
Igualmente, con el apoyo de todos los grupos políticos, se ha aprobado la redacción de un plan de reorganización de espacios y usos en los edificios donde el Consell presta servicios públicos. En este sentido, el conseller de Bienestar Social, Rafael Ramírez, ha explicado que los espacios se han ido ampliando, pero el incremento de la demanda por parte de asociaciones y colectivos obliga a una restructuración a través de un plan de viabilidad para estudiar el uso y adecuación de los edificios públicos.
Propuestas de Sa Unió
El partido en la oposición ha presentado dos proposiciones relativas a crear un nuevo aparcamiento disuasorio en la Savina y al control de actividades con grupos de muchas personas, ambas votadas en contra por parte del equipo de gobierno.
Sobre la primera propuesta la consellera de Sa Unió, Cristina Costa, ha trasladado la queja de vecinos de la localidad portuaria y de residentes sobre la falta de aparcamiento con la llegada del verano por lo que ha pedido la habilitación de un nueva zona de aparcamiento disuasorio para los residentes. La respuesta del conseller de Movilidad, Rafael González, se ha centrado en que en la Savina ya existe un aparcamiento disuasorio en la entrada del núcleo urbano y se disponen de zonas azules y verdes en la mayoría de las arterias con una organización diferente a la de otros núcleos urbanos dadas las características de escases de espacio en la zona, afectada en varias áreas por el Parc Natural y la zona portuaria.
Con respecto a la segunda propuesta presentada por Lorenzo Córdoba que incluía la posibilidad de contratar seguridad privada para colaborar con los efectivos policiales a la hora de controlar las actividades en espacios públicos dada la situación sanitaria, la consellera de Cultura, Susana Labrador, se ha manifestado en contra de esta propuesta y ha señalado que desde todos los ámbitos del Consell se trabaja en programar actos de pequeño formato. «Ante la relajación de las medidas sanitarias Covid, estamos analizando la viabilidad de determinados acontecimientos culturales o deportivos», ha apuntado Labrador.
Declaraciones institucionales
Finalmente, el pleno ha aprobado por unanimidad dos declaraciones institucionales. La primera de ellas, con motivo del Día de las Personas Refugiadas instando a las instituciones internacionales a que den respuestas urgentes, eficaces y permanentes al reto migratorio actual, y la segunda en relación al Día Internacional del Orgullo LGTBI para condenar cualquier tipo de discriminación del colectivo e instar a las instituciones y la sociedad civil a que intensifiquen su trabajo sobre el intercambio de mejores prácticas y refuercen su cooperación.
