En el marco de las actuaciones de inspección coordinadas conjuntamente desde la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern balear para intervenir en situaciones que puedan poner en riesgo la salud ciudadana ante la pandemia por Covid-19, los equipos formados por inspectores de la Comunidad Autónoma, de los Consells Insulars y por agentes de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad (cuerpo nacional de Policía, Guardia Civil y policías locales) han llevado a cabo inspecciones este pasado fin de semana en 91 locales, zonas de ocio nocturno y espacios públicos de las cuatro islas.
De estas intervenciones, 37 se han producido en Mallorca (en el paseo Marítimo de Palma, en s’Arenal, Bunyola, Andratx y Alcudia); 8 en Menorca, (Es Castell y Alaior); 39 en Ibiza (Sant Antoni, Santa Eularia des Riu, Sant Josep de sa Talaia y Santa Gertrudis), y 7 en Formentera (Illetes, playa de Migjorn, es Pujols y Sant Ferran).
Como resultado de estas inspecciones, los equipos multidisciplinares han extendido 44 actas por incumplimientos relacionados con excesos de capacidad, con distancias sociales, incumplimiento de horarios y uso de mascarillas entre el personal de establecimientos de restauración, y por prescindir de información al público y señalización adecuada.
Concretamente, se han extendido 31 actas en Mallorca, 8 en Menorca y 5 en Formentera.
Garantizar la seguridad sanitaria
Desde el Govern señalan que desde el inicio de la campaña de inspecciones coordinadas se han producido un total de 204 intervenciones en todas las islas y se han extendido 114 actas de infracción, que ahora pasarán a ser instruidas por las diferentes administraciones implicadas en las actuaciones.
Por su parte la consellera balear de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro, ha recordado que esta iniciativa para garantizar el mantenimiento de la seguridad sanitaria en Baleares «es posible gracias a la coordinación de las diferentes administraciones competentes: la Delegación del Gobierno del Estado, el Govern de las Islas Baleares, los Consells Insulars y los Ayuntamientos», y ha vuelto a pedir «responsabilidad individual para evitar que las imprudencias que pueda cometer una minoría perjudiquen el conjunto de la ciudadanía».
El Decreto ley de régimen sancionador para los incumplimientos de las normas relativas al Covid-19, en vigor desde el pasado viernes 10 de julio, enmarcará los expedientes iniciados en estas actuaciones. Las sanciones pueden llegar a los 600.000 euros cuando se produzcan infracciones muy graves.
