El Consell de Formentera ha presentado 18 alegaciones al anteproyecto de la ley de Educación del Govern balear, dentro del plazo de información pública «para enriquecer el texto y transmitir la importancia y la responsabilidad que tenemos todos los agentes implicados en la educación», como ha detallado la consellera de Educación, Susana Labrador.
Para Labrador desde Formentera se vela para que se tengan en cuenta las necesidades y realidades de cada una de las islas y, «en el caso de Formentera, nuestra realidad implica el hecho de que tenemos una insularidad doble y triple». En este sentido ha explicado que el texto propuesto desde el Govern no hace ninguna referencia a la insularidad de Formentera, que en materia educativa implica «unas repercusiones gravísimas por falta de oferta educativa, de infraestructuras, de equipamientos, de bienes, de recursos y de servicios que se ubican o en Ibiza o Mallorca, pero en absoluto en Formentera. Los déficits, las carencias y las necesidades existen y seguirán existiendo», según recoge el texto.
Por esta razón, desde la institución insular se considera que la futura Ley de Educación debe contemplar medidas para paliar la insularidad y «debe establecer una política de becas adicional, complementaria y suplementaria a la política general autonómica y estatal, a favor de los estudiantes con residencia administrativa en Formentera y que cursen estudios en cualquier parte fuera de la isla», ha destacado Susana Labrador.
Otras alegaciones
Dentro de las alegaciones al anteproyecto de ley figura también la que hace referencia al tema de la lengua catalana, propia de las Islas Baleares. Desde el Consell se reclama que se contemple que la lengua catalana, propia de las Islas Baleares, debe ser la lengua vehicular de la enseñanza de acuerdo con lo que se recoge en la Ley 3/1986, de 29 de abril, de normalización lingüística en Baleares.
También se pide que se recoja la posibilidad de poder suscribir convenios de colaboración con Consells y / o Ayuntamientos no sólo en la etapa de primer ciclo de educación infantil o en la educación permanente de personas adultas, sino también en los estudios de formación profesional y de enseñanzas de régimen especial que no se contemplan.
Gratuidad de 0-3 años
En cuanto a la etapa de 0-3 años, desde la institución insular se considera que el texto debe recoger el objetivo de trabajar hacia la gratuidad de dicha etapa y, en este punto, se considera que debe quedar especificado con más concreción cómo debe ser esta financiación y cómo debe ser asumida por parte de las administraciones locales.
El documento de alegaciones recoge además propuestas de mejora en temas como la formación profesional, la dotación de recursos humanos y económicos, sobre el desarrollo de la ley y sobre las ayudas al alumnado, entre otros.
