Sa Unió de Formentera presentará una pregunta oral que deberá debatirse en el pleno del presente mes de julio para que el equipo de gobierno de GxF-PSOE «explique las consecuencias económicas y laborales de la reciente sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Ibiza que obliga a la readmisión del presidente del Comité de Empresa del Consell de Formentera y que además considera que la institución insular incurre en fraude de ley al abusar de la contratación temporal para cubrir necesidades permanentes».
Los partidos de la coalición en la oposición, PP y Compromís, ya alertaron en la pasada legislatura de las prácticas arbitrarias e irregulares que se venían sucediendo en la política de personal del Consell y que fueron denunciadas también por el mismo José Ramón Mateos, que calificó como una «venganza sindical y no laboral su despido el 30 de junio de 2018, por la supuesta finalización de su contrato de obra y servicio en el que llevaba más de 22 meses».
Para Sa Unió la política de personal «se ha visto gravemente tocada con esta sentencia» y recordaron además otra que condenaba al Consell a pagar cerca de 40.000 euros a un aspirante a bombero tras denunciar los errores en el bolsín en favor de otro aspirante y que «a estas alturas tiene investigados judicialmente a varios cargos de GxF».
Por todos estos motivos Sa Unió exige «un cambio de rumbo en la política de recursos humanos y tiende la mano a la nueva consellera, a la que pide, como premisas para este entendimiento, que se respete la ley y haya transparencia, consenso con los representantes sindicales de la institución y diálogo con la oposición».
