Sa Unión de Formentera, coalición formada por el Partido Popular de Formentera y Compromís amb Formentera pide que «se depuren responsabilidades entre los cargos públicos encausados por el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza por el caso del complejo turístico de Punta Prima, de confirmarse la información que hoy, domingo 24 de marzo, aparece publicada en el diario El Mundo».
Los portavoces de PP y Compromís, José Manual Alcaraz y Javier Sierra, lamentaron la poca colaboración que desde el minuto cero ha mostrado la formación que actualmente gobierna el Consell Insular. «En cualquier otro partido al que se le acuse de cinco delitos con fianzas de 500.000 euros, inhabilitación y penas de prisión se le suspendería de militancia», manifestaron mediante un comunicado de prensa.
Para Sa Unió, «ha sido un proceso demasiado largo en el que Gent per Formentera ha intentado ganar tiempo, en primer lugar acogiéndose a su derecho a no declarar ante el tribunal, y en segundo lugar utilizando el aforo de la diputada Silvia Tur porque este caso fuera de juzgado en juzgado».
Sobre este asunto el portavoz de Compromís, Javier Serra, calificó de «totalmente falso», el argumento de Gent per Formentera ya que «aunque ellos dicen que con la reforma del PTI se ha conseguido detener el aumento urbanístico que resulta de la prohibición de ejecutar las obras de este establecimiento, la realidad es que este plan insular sólo ha trasladado la misma presión de un territorio a otro, obviando que se le estaban negando a un propietario unos derechos que ya había adquirido años atrás»-
Por su parte el portavoz del Partido Popular, José Manuel Alcaraz, ha manifestado que «si estas acusaciones se hubieran hecho sobre algún miembro en activo del PP, de Compromís o del Partido Socialista, los órganos de partido no hubieran permitido que participaran de la vida pública ni un solo minuto más».
Asimismo Alcaraz recordó que «no son acusaciones menores, cuando los encausados integran el equipo de gobierno y tienen intención de volverlo a hacer cuatro años más y se les acusa de cinco delitos por los que se piden fianzas de medio millón de euros, inhabilitaciones y penas de prisión».
El portavoz de los populares recordó además que el grupo de su partido en el Consell de Formentera «hace años que viene denunciando el urbanismo a la carta de este equipo de gobierno, que se demuestra, por ejemplo, con una sentencia del TSJIB que tumbó la modificación de las normas Subsidiarias que afectaba a la delimitación de los núcleos históricos, lo que ha retrasado la ejecución de las nuevas escuelas de San Fernando y San Francisco durante años».
Por todos estos argumentos, tanto Serra como Alcaraz coincidieron en sentenciar que «aunque les deseamos el mejor desenlace en el plano personal, si que pedimos que, si todo lo que aparece hoy publicado en El Mundo es cierto, se depuren responsabilidades políticas, ya que nosotros, de estar en su piel, no seguiríamos ni un minuto más en el cargo».
