La denuncia por parte de UGT del despido de su delegado sindical en el Consell de Formentera ha provocado un cruce de declaraciones entre el sindicato, el equipo de gobierno y los partidos en la oposición, PP y Psoe.
Según reza el comunicado enviado por UGT el pasado 5 de noviembre, en el mismo se demanda al Consell de Formentera a través de la interposición de un recurso contencioso administrativo «por vulnerar el derecho a la libertad sindical, a la tutela judicial efectiva y al acceso a la función pública de un delegado del sindicato».
En el escrito se explica que el delegado sindical en la institución insular fue cesado a principios del mes de octubre como auxiliar administrativo interino en la Policía Local por realizar una acción sindical «activa, reivindicativa y molesta».
«El Consell de Formentera justificó su decisión en que su liberación ha impedido evaluar la superación del período de prueba desde su nombramiento, en julio de este año, y eso a pesar de que el delegado de UGT ya había trabajado como auxiliar administrativo para la institución insular entre enero de 2015 y agosto de 2016», apuntaron desde el sindicato.
Desde UGT consideran que el Consell «no ha actuado de buena fe», y que el cese de su delegado está relacionado también con el hecho de que interpuso una demanda para que le reconocieran su condición de indefinido después de que acabara su contrato «en fraude de ley» como agente de empleo y desarrollo en el Consell de Formentera.
«No le renovaron el contrato a un mes de que se convirtiera automáticamente en indefinido no fijo por su importante actuación sindical como presidente del comité de empresa de la institución insular desde principios de 2017», explicaron desde UGT.
Argumentos del Consell
Desde el Consell Insular de Formentera y ante esta situación se remitió un comunicado a los medios en que señalaron que «la única razón para dejar sin efecto el nombramiento del funcionario interino que UGT había designado como delegado sindical en el Consell de Formentera es «porque no se ha presentado a trabajar ningún día de los tres meses que dura el periodo de prueba» que forma parte del proceso selectivo como establecen las bases de convocatoria publicadas en el BOIB.
«El acceso a la función pública está sometido a los principios de igualdad, mérito,capacidad y publicidad, y todos los ciudadanos tienen el derecho de acceder a los empleos público en condiciones de igualdad, sin que se pueda eximir a nadie de la superación de ninguna prueba», argumentaron desde el ejecutivo insular.
PP y Psoe piden explicaciones
Los partidos en la oposición no se han mostrado ajenos a este asunto y desde las filas socialistas su portavoz, Rafa Ramírez, expresó mediante un comunicado «sorpresa e incredulidad al conocer los motivos de la demanda de UGT».
Asimismo advierten a la institución insular que «no se puede despedir a un delegado sindical», que «se deben respetar escrupulosamente los derechos fundamentales de las personas y más aún de los representantes de los trabajadores «, y piden explicaciones porque consideran que «la justificación de su cese no se sostiene».
Desde las filas socialistas se advierte al equipo de gobierno de que «si pierden el contencioso administrativo, se evidenciaría su falta de respeto hacia la libertad sindical» y, afirman, se verían obligados a «exigir responsabilidades políticas al equipo de gobierno para su mala praxis».
Por su parte el PP de Formentera «exige comparecer al presidente y y al gerente del Consell por el despido del representante sindical».
La portavoz del partido en la oposición, Anna Negre, manifestó que la gestión de personal del Consell se ha basado «en las directrices que da el presidente y que ejecuta el gerente de la institución».
Según Negre este tipo de actuaciones «han conseguido reducir a la mitad la plantilla de la Policía Local, no cubrir las plantillas del departamento de Urbanismo, de auxiliares administrativos, entre otros, o estar investigados judicialmente por contratación indebida en el cuerpo de bomberos y, también, obligar al Consell a pagar una indemnización de 50.000 euros a un demandante, o tener un nivel de interinidad a la plantilla del 80 por ciento».
Para Anna Negre «queda claro que el despido es una vendetta política por el autoritarismo que han implementado Jaume Ferrer e Isidor Torres, ya que la justificación del despido por no pasar el periodo de prueba es un insulto a la inteligencia de cualquier persona que haya trabajado en la institución insular y, si la demanda prospera, estos dos responsables políticos no deberían permanecer ni un minuto más en sus cargos de responsabilidad».
