Mucho hemos oído hablar de corrupción dentro de la política en los últimos años. De hecho, en la última moción de censura que ha afectado al gobierno central se ha utilizado como pretexto uno de los casos de corrupción más sonados del país: La trama Gürtel. Es cierto, algunas personas lo han hecho muy mal en mi propio partido y no basta con pedir perdón por sus acciones, nos avergüenzan y deben ser juzgadas y alejadas de la vida pública.
Pero no únicamente de la corrupción del Partido Popular vive (o sufre) el ciudadano de a pie. En los últimos años hemos visto como políticos de todos los colores, jueces, periodistas, deportistas e incluso la Casa Real se veía afectada por una «mano corrupta» que a la luz de los hechos, parece no dejar títere con cabeza.
La corrupción es un cáncer para la sociedad y la política no es ajena a ello. Es un mal deforme, enorme, y oscuro que nos afecta a todos y provoca que la ciudadanía, los votantes, aquellos a los que debemos servir los políticos, dejen de creer en nosotros, que deberíamos ser los primeros en dar ejemplo. Como si dejásemos de creer en los médicos y en la medicina cuando surgen casos de negligencias en esta respetada profesión.
Como político y como militante de un partido salpicado por los escándalos de la corrupción me siento en deuda con todos los votantes pero también con los ciudadanos a los que les hemos hecho perder la fe en la política en mayúsculas.
Por eso, aunque un servidor no sea más que una pequeña gota en el mar de la política (y de Formentera) he considerado y siempre consideraré necesario y positivo armarse de autocrítica (de la de verdad) y exigir utilizar con valentía la mejor arma en la lucha contra la corrupción: máxima transparencia.
Por eso, desde nuestra humilde posición, llevamos mucho tiempo exigiendo al Consell de Formentera que sea más transparente y que cumpla con la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de 2013, que muestre sus contratos y cumplan con la normativa del sector público cuando los adjudica, que justifiquen las prebendas que reciben, por eso impulsamos la aprobación en pleno del Código Ético de buen gobierno, cuya redacción lamentablemente lleva 7 meses de retraso. Y por eso apoyamos las últimas recomendaciones de la «sindicatura de comptes de les Illes Balears», en las que pide fortalecer el débil sistema de control interno de la entidad. Por eso hemos denunciado los tratos de favor cuando los hemos detectado, y lo seguiremos haciendo a pesar de los palos en las ruedas que desde el Consell se suelen poner.
Pero solos no podemos exigir unas administraciones españolas menos corruptibles. Necesitamos que los ciudadanos se impliquen, que ejerzan su derecho a la información y a la participación pública. Que denuncien aquello que no les parece bien. Necesitamos, entre todos, los que nos dedicamos a la política pero también todas las personas que viven en esta comunidad, arrinconar al monstruo. Eliminar de la vida pública a todos aquellos que lejos de servir al pueblo, pretendan enriquecerse y hacer valer su poder por encima de cuestiones éticas y morales.
