La consellera de Medio Ambiente, Daisee Aguilera presentó esta mañana una nueva edición de la campaña de retirada de fibrocemento dirigida a domicilios y particulares en Formentera. «El objetivo no es otro que el de animar a los ciudadanos a retirar este tipo de material contaminante, tanto para la salud de las personas, como para el medio ambiente, y de forma segura», explicó Aguilera.
En el año 2002 se prohibió en todo el estado la comercialización y producción del fibrocemento, y desde entonces se aconseja su retirada por ser altamente contaminante, ya que contiene elementos como el amianto que suponen un peligro para la salud.
Características del plan de retirada
Según establece el plan diseñado por el ejecutivo local, los interesados en deshacerse de este material pueden inscribirse hasta el 15 de enero a través de la OVAC, en la web conselldeformentera.cat, o presencialmente en el área de Medio Ambiente, situada en la calle Mallorca de Sant Ferran.
Cabe destacar que el Consell se hará cargo del coste de la retirada del material contaminante hasta las plantas especializadas situadas en la península, y de las sacas especiales para su traslado.
Tasas a pagar
Según se establece en la nueva campaña, los particulares deberán pagar un canon según el tipo de residuo y el volumen a retirar, con un descuento en el precio final si la retirada se inscribe en el plazo establecido.
Con el descuento aplicado, las cuantías quedan así: las placas de fibrocemento tienen un coste de 40 euros por cada 100 kilos, los trozos pequeños tienen un coste de 80 euros por cada 100 kilos, y los depósitos de fibrocemento tienen un coste de 150 euros por cada 100 kilos.
El técnico de Ca Na Negreta, empresa encargada de la retirada, José Antonio Pérez, explicó que si bien los trabajos comenzarán a partir del 15 de enero, previamente serán los celadores del área de Medio Ambiente los que recaudarán información sobre las solicitudes para calcular el coste de la retirada en cada caso en particular.
Desde el Consell señalaron además que la campaña responde a una petición acordada por unanimidad en el pleno de Formentera del pasado mes de agosto.
