El grupo mayoritario en el ejecutivo de la menor de las Pitiusas, Gent per Formentera, ha manifestado hoy mediante un comunicado de prensa «la decepción ante el hecho de que en el día de ayer el gobierno del Estado remitiera un informe de rechazo a la Mesa del Congreso respecto de la Proposición de Ley para proteger el Mar Mediterráneo de las prospecciones de hidrocarburos, apoyado por PP y Ciutadans».
Para el partido insularista y con mayoría absoluta en el ejecutivo de Formentera «el gobierno central trata de vetar, una vez más, la posibilidad de acabar con las prospecciones petrolíferas y los proyectos de exploración de hidrocarburos en la vertiente Mediterránea de competencia estatal, tal y como se viene pidiendo desde las Islas Baleares en los últimos años».
Una actitud que consideran una falta de respeto hacia la soberanía del Parlament Balear, órgano que aprobó por unanimidad esta proposición de Ley el pasado 11 de abril.
Cuestiones presupuestarias
Desde GxF recuerdan además que desde el Congreso siempre se rechazan las proposiciones que emanan del Parlament Balear con el mismo argumento: cuestiones presupuestarias.
En este sentido apuntan que el gobierno del Estado «no las ha tenido en cuenta a la hora de pagar indemnizaciones multimillonarias sin justificar y sin presupuestar, cuando se trata de proyectos tales como el caso de la plataforma de almacenamiento de gas CASTOR, que costará hasta 3.400 millones de euros a todos los contribuyentes».
Para GxF el gobierno del Estado y los partidos que lo apoyan han puesto un precio al mar. «Un precio irrisorio: 4,7 millones de euros, cálculo hecho basándose en sus números de lo que costarían unas supuestas indemnizaciones a las empresas concesionarias», afirmaron.
Por otra parte recordaron que «no es de recibo que esgriman que las prospecciones son compatibles con el medio ambiente y el turismo».
Asimismo desde GxF hacen un llamamiento al Partido Socialista y Unidos Podemos para combatir el veto del gobierno del Estado y de la Mesa del Congreso con el objetivo de permitir la tramitación de dicha proposición y mostrar así un compromiso con los acuerdos suscritos con respecto al modelo energético.
